Petro afirma que Trump es «un bárbaro» que quiere asustar a América Latina

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tildó de «bárbaro» a su par estadounidense, Donald Trump, por ordenar los ataques marítimos contra pequeñas embarcaciones en el mar Caribe y en el océano Pacífico, con el supuesto pretexto de combatir el narcotráfico.

En una entrevista con NBC News, Petro condenó los bombardeos que han dejado un saldo de decenas de muertos, sin que las víctimas pudieran tener derecho a la defensa. En criterio del mandatario colombiano, Trump «es un bárbaro» que quiere asustar a América Latina con ataques armados marítimos que son ilegales.

Por esa razón, defendió la reciente decisión de su país de dejar de compartir información estratégica en materia de seguridad con EE.UU. porque, de lo contrario, colaboraría en «un crimen de lesa humanidad».

Petro también se refirió al aumento de las hostilidades de Trump contra su país, ya que no solo acusó al mandatario de ser un «narcotraficante», sino que recortó la ayuda que EE.UU. le brindaba a Colombia.

«No es para matar»

Aunque Petro reconoció que la inteligencia es una herramienta fundamental para combatir al crimen organizado, aclaró que «no es para matar«, como está haciendo EE.UU. contra tripulantes civiles de lanchas que son acusados, sin pruebas, de transportar drogas.

En esa línea, destacó que los civiles han sido asesinados sin un debido proceso ni «trato civilizatorio», cuando en realidad deberían ser capturados, investigados y enjuiciados para determinar sus responsabilidades, en caso de que estuvieran inmersos en delitos.

Petro consideró que, si fuera verdad que las lanchas trasladaban drogas, las víctimas serían «pobres barqueros» que viven en condiciones de pobreza y que son contratados por líderes narco, quienes mantienen su poder inmune porque no viajan en esas lanchas.

Con respecto a las acusaciones personales que Trump ha hecho en su contra, Petro recordó que durante su Gobierno se ha incautado más cocaína que en cualquier otra gestión «en la historia mundial», por lo que nadie puede acusarlo de estar ligado al narcotráfico.

A su juicio, los ataques indiscriminados de Trump a su Gobierno demuestran que el presidente de EE.UU. «está perdido» en el análisis que realiza sobre Colombia.

Agresiones por parte de EE.UU.

Desde el pasado mes de agosto, EE.UU. ha desplegado frente a las costas de Venezuela buques de guerra, un submarino, aviones de combate y tropas, con el alegato declarado de luchar contra el narcotráfico. Desde entonces ha llevado a cabo por lo menos 20 bombardeos contra presuntas narcolanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico.

Paralelamente, Washington acusó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, sin pruebas ni sustento, de liderar un supuesto cártel del narcotráfico. En este contexto, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, duplicó la recompensa por información que conduzca a su arresto.

A mediados de octubre, Trump admitió haber autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en territorio venezolano. En respuesta, Maduro preguntó: «¿Alguien se puede creer que la CIA no está operando en Venezuela desde hace 60 años? ¿Alguien se puede creer que la CIA no ha conspirado desde hace 26 años contra el comandante [Hugo] Chávez y contra mí?».

Las acciones y presiones de Washington han sido calificadas por Caracas como una agresión, cuestionando la verdadera razón de los operativos.

Esa postura también ha sido esgrimida por el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, quien en una reunión del Consejo de Seguridad afirmó que las acciones estadounidenses en el Caribe no son ejercicios militares ordinarios, sino una «campaña descarada de presión política, militar y psicológica contra el Gobierno de un Estado independiente».

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó los bombardeos perpetrados por EE.UU. sobre pequeñas embarcaciones, que han dejado como saldo más de 60 personas asesinadas.

Los bombardeos contra lanchas de escaso calado también han sido repudiados por los Gobiernos de Colombia, México y Brasil, así como por expertos de las Naciones Unidas, que han señalado que se trata de «ejecuciones sumarias» contrarias a lo que consagra el derecho internacional.

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