La Cámara Federal de Casación de Argentina confirmó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por delitos de corrupción.
Este es el fallo de segunda instancia que enfrenta la exmandataria, a quien ya solo le queda la alternativa de apelar a la Corte Suprema de Justicia para tratar de revertir un fallo histórico que complica su futuro político.
Tras conocer la decisión de la corte, Cristina Fernández de Kirchner advirtió que «La ‘Causa Vialidad’ empezó como un show y va a terminar de la misma manera (…) no existió ni una sola prueba en mi contra».
Además agregó que, el único objetivo del proceso es que nunca más vuelva a ocupar cargos públicos.
«Lisa y llanamente proscripción de por vida», afirmó en una carta en la que calificó al juicio como «un zafarrancho» del «partido judicial» que en toda América Latina ha perseguido a líderes de gobiernos populares, nacionales y democráticos como Luiz Inacio Lula da Silva (Brasil), Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador).
«Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder», aseguró al rechazar las imputaciones en su contra y adjudicarlas a una persecución.
Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña dieron a conocer su decisión en medio de una fuerte expectativa política, ya que Fernández de Kirchner acaba de regresar a los primeros planos de la política nacional luego de haber sido nombrada como presidenta del Partido Justicialista (peronista), lo que oficializó su papel como la principal líder de la oposición al presidente Javier Milei.
La causa
La expresidenta fue condenada el 6 de diciembre de 2022, al término de un juicio que duró tres años y medio, en el que hubo 13 imputados, más de 100 testigos y varios escándalos y denuncias de parcialidad por parte de los funcionarios judiciales.
En ese proceso, los fiscales pidieron una pena de 12 años, pero los jueces consideraron que bastaba la mitad, ya que la absolvieron por el delito de «asociación ilícita» y solo la consideraron culpable de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».
Todo ello ocurrió en el marco de lo que la prensa bautizó como «causa vialidad», en la que se acusó a Fernández de Kirchner de haber encabezado una asociación ilícita que, durante sus dos gobiernos (2007-2015) y el de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), favoreció con millonarios fondos de obras públicas al empresario Lázaro Báez, quien era amigo y socio de la pareja.
«Los Copitos de Comodoro Py» otra vez en acción. https://t.co/BdXJkO4Kx5 pic.twitter.com/lEdH50zzPw
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 12, 2024
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