Los fiscales generales de 18 estados, además de la ciudad de San Francisco y el Distrito de Columbia, han presentado una demanda contra el presidente Donald Trump, luego de que éste firmara una orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento.
La iniciativa la han calificado como un “intento flagrantemente ilegal” de despojar de la nacionalidad a cientos de miles de niños que nacen en territorio estadounidense, con base únicamente en la ascendencia o el estatus legal de sus padres.
La querella argumenta que el presidente carece de autoridad para cambiar, mediante decreto, un “principio constitucional bien establecido y de larga data”, en referencia a la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual otorga la ciudadanía a todas las personas nacidas en el país.
En concreto, la orden ejecutiva de Trump estipula que, a partir del próximo mes, las agencias federales dejen de reconocer la ciudadanía de niños nacidos en el país de padres sin estatus migratorio regular o con visas temporales, siempre y cuando uno de los progenitores no sea ciudadano ni residente permanente.
Los demandantes sostienen que con esta norma, alrededor de 150 mil niños al año podrían quedar desprotegidos y “deportables”, perdiendo además el acceso a servicios básicos como atención médica y programas de educación especial.
Los estados señalan que la medida de Trump, de implementarse, afectaría las finanzas estatales, pues parte de los fondos federales destinados a servicios infantiles se verían reducidos o eliminados.
“El intento del presidente Trump de poner fin unilateralmente a la ciudadanía por nacimiento es una violación flagrante de nuestra Constitución”, declaró Matthew Platkin, fiscal general de Nueva Jersey. “Este es un acto extremo y sin precedentes. No solo es un ataque a la ley, sino a la estructura misma de esta nación”.
Letitia James, fiscal general de Nueva York, añadió: “Este derecho fundamental, arraigado en la 14ª Enmienda y nacido de las cenizas de la esclavitud, es una piedra angular del compromiso de nuestra nación con la justicia”.
La demanda solicita una orden judicial preliminar que bloquee la entrada en vigor de la orden ejecutiva. Además, exige que se declare inválida y que se detengan de inmediato cualquier acción o reglamento elaborado para ejecutarla.
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