El expresidente boliviano Luis Arce fue detenido este miércoles en la ciudad de La Paz. María Nela Prada, exministra de la Presidencia, denunció que Arce fue «secuestrado de manera totalmente ilegal» en la zona de Sopocachi, un barrio ubicado al oeste de la urbe.
El exmandatario se encuentra en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en La Paz, para brindar declaraciones, acusado por la comisión de dos presuntos delitos.
Como parte de una investigación sobre el presunto desfalco al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), Arce fue detenido. La Fiscalía General del Estado lo acusa de los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
La Contraloría General del Estado detectó proyectos fantasmas e inexistencia de documentación en el Fondioc, en una trama por la cual también fue detenida la exdiputada Lidia Patty Mullisaca. Es un caso centrado en la etapa de Arce como ministro de Economía y Finanzas. Se le acusa de haber permitido el desembolso de dinero del Fondioc a cuentas personales.
Según la parte denunciante, el exmandatario aprobó una serie de transferencias irregulares por esa vía, que le habrían costado 200 millones de dólares al Estado boliviano.
«Motivaciones políticas»
Sin embargo, según reveló María Nela Prada a RT, el exmandatario fue interceptado sin que mediara ninguna orden de aprehensión. De acuerdo con su relato, «personas encapuchadas» lo subieron a un vehículo para luego trasladarlo a otro. «En realidad, no sabía si eran policías los que se lo habían llevado, no sabía si eran delincuentes, no sabía realmente nada. Su familia tampoco», señaló.
«Lamentablemente [el arresto] no se hizo bajo el debido proceso de una notificación o citación correspondiente«, manifestó. «Además que a él, en su calidad de expresidente, le correspondería tener un juicio de responsabilidades», añadió, destacando que la detención podría tener «motivaciones políticas».
Asimismo, advirtió que no tiene conocimiento del estado de Arce ni de si pudo comunicarse con sus abogados, una cuestión «que debería suceder en el marco de cualquier proceso para cualquier ciudadano en Bolivia».
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