El Ministerio Público imputó a Johangel Rafael Castillo Manrique, director del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime), oficina Zaraza (Guárico) de cuatro delitos, ya que presuntamente estaba vinculado a una red que cobraba en dólares para expedir pasaportes, entre otros documentos.
También, hay otros tres funcionarios detenidos, según fuentes del sistema de justicia.
El propio Saime inicio la investigación por el caso, por lo cual, el pasado martes 14 de octubre se presentó en la sede del aludido establecimiento público ubicada en Zaraza, una comisión de Inspectoría General de los Servicios Saime acompañada de agentes de la Policía Nacional Bolivariana adscritos a la División de Investigaciones Penales (DIP), quienes acometieron una inspección, explicaron las fuentes.
En el procedimiento, los funcionarios localizaron un área provista de una laptop conectada a una empresa privada de internet. Dicha laptop no pertenece al conjunto de bienes asignados al Saime-Zaraza, de acuerdo al testimonio recabado por los agentes actuantes.
El director de esa oficina del Saime dijo a los funcionarios policiales que desconocía sobre la existencia de esa laptop y la procedencia de la misma. El equipo fue sometido a experticias y se encontraron citas para tramitar pasaportes, entre otros.
En medio del procedimiento, los funcionarios solicitaron a los cuatro detenidos la entrega de sus equipos celulares, que, al realizárseles la respectiva experticia arrojaron constancias de pagos móviles de diferentes montos, confirmación de citas, promesa para suministrar planillas de renovación de citas, chat donde solicitan trámites diversos, entre otros.
Concluida la inspección, resultaron detenidos el director del Saime-Zaraza, Castillo Manrique, así como Liliana del Carmen Machado González, Ibelise Coromoto Díaz y Luis Antonio García.
Estos cuatro funcionarios del Saime-Zaraza fueron trasladados posteriormente al Tribunal 3° de Control de Guárico, extensión Valle de la Pascua, donde el Ministerio Público, representado en la Fiscalía 8° Nacional Plena, les imputó la presunta comisión de los delitos de: sabotaje o daños a sistemas protegidos, otorgamiento irregular de documentos de identificación, retraso u omisión de funciones y asociación para delinquir. Esos delitos están contemplados en las leyes Contra Delitos Informáticos, Contra la Corrupción, Orgánica de Identificación y Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
El tribunal de control aceptó la imputación y les decretó privativa de libertad, fijando como sitio de reclusión la sede del DIP-Valle de la Pascua.
La investigación se mantiene abierta para determinar la procedencia de la laptop localizada en el Saime-Zaraza y desde se realizaban la mayoría de los trámites paralelos, entre otros detalles.
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